El Gobierno nacional estableció cambios en el Registro del Programa de Cannabis Medicinal

Por Leonardo Kram

El Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) introdujo nuevos requisitos que ya están vigentes. Agostina Salvarredi, abogada especializada en la temática de la provincia, detalló a El Chorrillero los principales cambios al registro, que ya recibió críticas de cultivadores locales.

Salvarredi es creadora de Defensoría Cannábica San Luis, que definió como “un espacio dedicado a promover una regulación integral y justa del cannabis”. Las modificaciones del gobierno de Javier Milei fueron oficializadas esta semana a través de la publicación de la resolución 3132/2024 en el Boletín Oficial del martes pasado y rigen para los nuevos inscriptos.

“Se modifican algunos de los requisitos que se les pide a las asociaciones civiles y sin fines de lucro, a los médicos y a los cultivadores solidarios”, detalló.

En cuanto a las asociaciones, para poder formar parte del registro tendrán como condición excluyente que los miembros de la comisión directiva no tengan antecedentes penales.

También se exige que se encuentren debidamente inscriptas para funcionar como persona jurídica ante el organismo correspondiente, según la jurisdicción a la que pertenezca.

Y si bien la vigencia en el Reprocann es de 3 años, las asociaciones deberán presentar anualmente un certificado de vigencia.

A los médicos se les pedirá que estén inscritos en una red federal de registro de profesionales de la salud y que cuenten con alguna capacitación específica sobre la planta y sus usos medicinales.

Por último se genera una restricción de uso del cultivador solidario. Esta figura se refiere a la persona habilitada para el cultivo con fines solidarios, no comerciales, de la planta. Antes no existía límite de adherentes al cultivador: ahora solo podrá proveerse a sí mismo y una segunda persona.

Sobre la cantidad de plantas que podrán tener seguirá la misma cantidad de un máximo de 9 por paciente. Podrán cultivar al interior y exterior, hasta 6 metros cuadrados en el primer caso y hasta 15 metros cuadrados en el segundo. También se mantienen los montos de transporte: entre uno y seis frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de florescencias secas.

La opinión de una abogada especialista

“Lo de antecedentes penales es lo más controvertido de estas nuevas medidas, porque quizás mucha gente que integra una asociación civil atravesó un proceso penal por ejercer el derecho de cultivar o a usar cannabis por cuestiones medicinales”, explicó.

“Se entiende y está bien que los médicos que receten cannabis como cualquier otro medicamento tengan conocimientos. Pero por otro lado se sabe que para sustancias más peligrosas como morfina no se exige una diplomatura o una especialización, sino que simplemente con una capacitación para la prescripción de ciertos fármacos ya basta”, consideró sobre otra de las modificaciones dirigidas al personal médico.

Por último opinó sobre el límite a los cultivadores solidarios. “Antes pedía que el paciente cuente con el Reprocann y que esté vinculado en el registro al cultivador solidario, para establecer esa trazabilidad. Para la gente que ya está inscrita como usuario cultivador en teoría no hay cambios sustanciales porque sigue la vigencia del carnet actual, que es por tres años”, aclaró.

“La única modificación que puede haber para la gente que sí tiene este Reprocann activo y que está vinculado con un cultivador solidario es que si el cultivador tiene gran cantidad de pacientes y tiene que reducirlo, el usuario va a tener que cambiar su perfil en el registro y pasar a ser cultivadora. Para esos cambios sí se les va a dar un plazo de seis meses para que puedan acomodarse”, agregó.

Salvarredi ha integrado paneles en ferias y encuentros provinciales de la planta y sus beneficios medicinales. La comunidad cannábica está bien conectada e informada en San Luis y en principio las novedades del Boletín Oficial no fueron bien recibidas por el grupo.

“En general fueron reacciones negativas, sobre todo respecto a lo que se relaciona con los cultivadores solidarios que existen desde hace años y son los que han cultivado para la comunidad, para un montón de patologías y que de repente a estos se los deja fuera del circuito. Por ejemplo hay gente de la tercera edad que necesita de alguien que cultive por ellos”, explicó.

¿Las nuevas disposiciones amedrentan a la comunidad? ¿Se reveerá la realización de ferias y eventos relacionados? “Los eventos van a seguir existiendo, ya hay una especie de derecho adquirido respecto a un montón de aspectos. El registro sigue existiendo más allá de que hay demoras administrativas”, concluyó.

La opinión de un cultivador

José Paz es uno de los cultivadores solidarios que vive en la ciudad y criticó las nuevas disposiciones del registro. “Yo soy un cultivador solidario que le cultivo a mi madre, a mi hermano, a una tía y a dos amigos. Yo les tengo sus plantas, se las cultivo y les doy su medicina sin ningún tipo de dinero ni nada por el estilo. Restringir al autocultivador es llevar a un montón de gente a buscar su medicina en la clandestinidad o en las ONGs, donde se les cobra muy caro”, argumentó.

“Al fin y al cabo algo que se venía promoviendo para el autocultivo y que las personas no tengan que comprar y que puedan tener su propia medicina en la casa se está volviendo un negocio para pocos y perjudicando como siempre al usuario”, agregó.

El camino hacía el cannabis

La legalización del uso del cannabis tuvo un largo camino en la Argentina. El primer antecedente reciente de relevancia ocurrió en 2009, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como Arriola, declaró la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal,

Otro hito importante fue en 2017 cuando se aprobó la ley de cannabis con fines medicinales, que permitió mayores libertades de uso para pacientes de enfermedades graves como la epilepsia refractaria.

En 2021, se abrió oficialmente el registro de usuarios Reprocann que hoy supera, de acuerdo a reportes periodísticos, los 250.000 inscritos. El último avance había sido la aprobación de la ley de producción industrial en 2022, que fue reglamentada el año pasado.